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jueves, 6 de agosto de 2020

Productores del campo plantean crear comisión especial para garantizar castigo a corruptos


Irineo Pérez Melo

La Alianza Popular del Campo y la Ciudad, Asociación Política Nacional propuso la creación de una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia en Actos de Corrupción e Impunidad del pasado a fin de que la justicia se aplique contra aquellas personas que incurrieron en delitos ocasionando daños a la nación, pero sobre todo que los mexicanos conozcan la verdadera situación que priva en los actos de corrupción denunciados.
Indalecio F. Sánchez Castellanos, representante de esta asociación política nacional planteó que esta comisión sea integrada y coordinada por distinguidas personalidades del ámbito jurídico, académico y periodístico, principalmente estudiosos de este fenómeno criminal, y cuyos estudios y publicaciones nos han proporcionado información sobre las redes político-criminales construidas al Amparo del poder público.
Además, sugirió que esta comisión sea integrada por representantes de instituciones de gobierno y de organismos autónomos, como es el caso del presidente del Consejo de la Judicatura, los presidentes de las mesas directivas del Congreso de la Unión y el Fiscal General de la República.
Así también, por los titulares de Gobernación, de la Función Pública, de Hacienda y Relaciones Exteriores, así como los titulares de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien fungirá como secretario técnico de la comisión, de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Auditor Superior de la Federación entre otros que se consideren indispensables para su integración.
Destacó que de acuerdo a las experiencias internacionales que se han tenido, han demostrado que donde se crea un órgano esta naturaleza se garantiza que el combate a la corrupción y a impunidad sea eficiente, se resarza el daño a la sociedad y se lleve ante la justicia a los criminales de cuello blanco.
Este posicionamiento se hace en torno al caso de Emilio “N", quien fue extraditado de España para que responda por las acusaciones es que el gobierno federal actual le ha endilgado sobre presuntos actos de corrupción ocurridos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y que ocasionaron daño patrimonial al país.
De tomarse en consideración la propuesta que hace esta alianza, sin duda arrojará mucha información sobre las redes político-criminales de corrupción construidas al Amparo del poder público para apropiarse del presupuesto de todos los ciudadanos y enriquecerse a través de mecanismos financieros, legales y empresariales complejos para la triangulación y “lavado" de los recursos sustraídos del erario público.
De ser así

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