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lunes, 20 de julio de 2020

Sólo el 9% de productores agropecuarios del país tiene acceso a créditos bancarios


  • Representantes campesinos demandaron la creación de un sistema financiero rural incluyente y un cambio profundo a la iniciativa de Ley Finagro 


Irineo Pérez Melo

De los 5.5 millones de productores agropecuarios nacionales sólo el 9% de ellos puede acceder a créditos de la banca, por lo que se está demandando al gobierno federal la creación de una banca rural que respalde a este sector de la producción primaria del país.

En un pronunciamiento, signado por representantes de 98 organizaciones agrarias: 30 Organizaciones Nacionales, 53 Organizaciones Económicas Regionales y 15 Sociedades Financieras Comunitarias del país, demandaron la creación de un sistema financiero rural incluyente y un profundo cambio en la iniciativa de Ley Finagro, que está en proceso de dictaminación en la Cámara de Diputados.

Los representantes campesinos expresaron que el contar con una banca rural se podrá tener financiamiento para lograr autosuficiencia alimentaria, superación de la pobreza y mayor bienestar de los hogares rurales, así como el impulsar el desarrollo alternativo y de alternativas al desarrollo y que fomente la organización de toda la población rural y priorice a los más pobres y a las comunidades indígenas.

En un documento en el que manifiestan su sentir en torno a la iniciativa de reforma de la Ley de Finagro, que entregarían este lunes a las Cámaras de Diputados y de Senadores para su consideración, los representantes campesinos de entrada saludaron la creación de un banco nacional de desarrollo que sustituiría a la actual Financiera Nacional de Desarrollo (FND).

Sin embargo, se manifestaron profundamente preocupados porque la iniciativa en cuestión no presenta ningún cambio de diseño que permita construir una solución viable y sostenible para dotar de servicios financieros a la amplia mayoría de población rural.

“Se trata de un diseño tecnocrático, centralizado con enfoque a financiar a los sectores más competitivos, como lo ha hecho hasta ahora e ignora la amplia diferenciación rural, la mayoritaria composición campesina de 5.5 millones de pequeñas unidades de producción trabajadas por 4.9 millones de campesinos ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, sin garantías”.

“Al no reconocer la amplia exclusión financiera y que sólo 9% de los productores tienen acceso al crédito, tampoco propone mecanismos realistas para masificar el acceso al crédito productivo”, se añade en el documento.

Y destaca que en nuestro hay 190 mil localidades con menos de 2 500 habitantes y 180 mil con menos de 500 habitantes, quienes nunca tendrán una sucursal bancaria cercana dadas las condiciones de alta y muy alta marginalidad donde viven, sin acceso a buenas comunicaciones y con altos niveles de exclusión digital (internet y celular), además de la pobreza y el tipo de economías pluri-activas mayoritarias.

Se destaca que en su diseño esta iniciativa no propone con claridad mecanismos que permitan el acceso pequeños productores, a mujeres y jóvenes que hoy desarrollan una amplia diversidad de micro-emprendimeintos que conforman la nueva ruralidad de México: economías pluriactivas, donde la base de pirámide vive en condiciones de pobreza y marginalidad, pero que gestionamos más del 50% del territorio nacional y la mayoría de la biodiversidad bajo formas colectivas de tenencia de la tierra.

Además, se señala en el documento que la inmensa mayoría de productores de maíz, frijol, café, frutales, ganado, leche, producen sin acceso al crédito productivo, no pueden organizar la comercialización o la transformación conjunta por ausencia de crédito y de fomento a la organización rural. 

Aunado a lo anterior, el 56% de los hogares rurales tienen ingresos anuales menores a $85, 380 y su capacidad de deuda oscila entre 10 y 30 mil pesos. Montos de crédito que ningún banco comercial o de desarrollo le interesa atender y la exclusión del acceso se debe a la ausencia de infraestructura bancaria, y las que existen obedecen a una lógica mercantil convencional de maximización de ganancia y acumulación de capital, sin considerar beneficios sociales.

Ante esta situación, los representantes agrarios pidieron a los diputados integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Agricultura y de Hacienda del Senado de la República revisar y modificar esta iniciativa para darle una orientación y redacción precisa de compromisos con el desarrollo.

Para tal fin proponen que el objeto de la Ley debe ser fomentar la economía rural, financiando actividades agrícolas y no agrícolas; integrar a comunidades rurales en el desarrollo nacional; producir los alimentos que necesitan los mexicanos, y que el país alcance la soberanía alimentaria.

Reconocer a los productores sociales y a la economía social del campo como los sujetos de crédito; crear un Sistema Nacional de Garantías que permita el acceso al crédito en cualquiera de sus formas de organización, mandatar el 50% del crédito a ejercer en productores sociales.

También fomentar a los intermediarios financieros rurales de los productores y eliminar la discriminación en dicha iniciativa para lograr la cobertura a los millones de producores rurales del país, que actualmente es tarea imposible para un banco, aunque sea de desarrollo.

De igual manera, tener inclusión digital e inclusión financiera, tasas de interés accesibles y requisitos adecuados, garantías accesibles para todos los productores, participación de organizaciones rurales en el Consejo de Administración; dinamizar con financiamiento los mercados de tierras y transparencia y evaluación financiera y de desarrollo.

Así mismo, dar un tratamiento de la cartera vencida en transitorios, implementación de una línea de financiamiento verde; que no se le dé participación a inversionistas privados; que la propiedad de Agroasemex no sea transferida al nuevo banco Finagro, contar con un registro nacional de contratos de créditos, acceso amplio y equitativo al seguro agrícola; vinculación de programas gubernamentales con la banca social, contar con una agenda legislativa para fortalecer el financiamiento rural y un programa de acceso al crédito productivo.

Finalmente, confiaron en que sus planteamientos sea considerado por las comisiones dictaminadoras, que en estos momentos están analizando la iniciativa para presentarla al pleno en el próximo periodo de sesiones.

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