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miércoles, 20 de noviembre de 2019

Proponen apoyar economía de familiares de personas desaparecidas



•         Contempla exención del pago por copias certificadas de actas de nacimiento y descuentos de 50 por ciento en impuesto predial y peaje.

En apoyo a los familiares de personas desaparecidas y su economía, la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz presentó una iniciativa para que en los municipios de la entidad queden exentos del pago por la expedición de copias certificadas de actas de nacimiento y les sean aplicados descuentos de 50 por ciento en el impuesto predial y en las tarifas de casetas estatales.

Durante la tercera sesión ordinaria, del primer período ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, en nombre de esta comisión especial, su presidenta, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, puso a consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Hacendario Municipal para el Estado y de 15 municipios, al Código de Derechos y a la Ley de Caminos y Puentes, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su exposición, la legisladora puso de relieve la necesidad de actualizar el marco jurídico estatal a fin de respaldar la economía de los familiares de las personas desaparecidas. Refirió que “ya este Congreso lo ha hecho en apoyo y solidaridad con otros sectores de la población, como las personas con discapacidad, las personas mayores, las madres solteras y los pensionados o jubilados”.

Los Códigos Hacendarios contemplados para dicha reforma corresponden a los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, Misantla, Orizaba, Papantla, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa.

Esta iniciativa plantea adicionar un último párrafo al artículo 14 del Código de Derechos, con el propósito de que, por acuerdo de Cabildo, cada uno de los ayuntamientos pueda exentar, a los familiares de las personas desaparecidas, del pago del derecho por la expedición de copias certificadas de sus actas de nacimiento, sea propia o de su familiar desaparecido, es decir, que les sean expedidas sin costo alguno.

Dicha medida –explicó- obedece a que los familiares de las personas desaparecidas tienen que realizar diferentes trámites ante instancias federales, estatales y municipales, donde les solicitan actas de nacimiento actualizadas, lo que les implica gestionar cierta cantidad de copias certificadas, cuyo costo, en la mayoría de los casos, es una fuerte carga para ellos.

En segundo y tercer lugares, la Comisión Especial plantea también reformar y adicionar los artículos 121 y 246 del Código Hacendario Municipal y reformar el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de Caminos y Puentes del Estado, respectivamente, a fin de otorgar a las víctimas un descuento de 50 por ciento en el pago del impuesto predial y en las tarifas de casetas estatales.

Respecto a este último descuento, se prevé que el Gobierno del Estado se encargue de su establecimiento, en coordinación con los concesionarios. Para hacer efectivo el descuento, las víctimas deberán presentar la credencial de identificación que les expida la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Explicó también que este proyecto ya fue presentado a los diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas del estado, el pasado 19 de octubre, en presencia del titular del Poder Ejecutivo y autoridades de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, entre otras, en la decimoquinta mesa mensual de trabajo.

Elizabeth Cervantes concluyó considerando que otorgar beneficios como los señalados “será una clara muestra de sensibilidad y comprensión a la difícil situación que viven los familiares de las personas desaparecidas”.

A esta iniciativa, que fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, de Hacienda del Estado y de Hacienda Municipal, solicitaron adherirse la diputada Margarita Corro Mendoza y el diputado Jorge Moreno Salinas.

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