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miércoles, 23 de enero de 2019

Remitiría UPAV al Congreso información sobre el estado que guarda la institución


23 de Enero de 2019

El diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura, León David Jiménez Reyes, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo con el que se exhortaría al Rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), para que entregue un informe al Congreso del Estado sobre el estado que guarda la institución en diferentes aspectos.

Durante su participación en Tribuna, el legislador propuso solicitar por escrito y a la brevedad, un informe que precise la cantidad de alumnos inscritos en las diversas áreas de la UPAV, detalles sobre la inscripción y titulación; así como qué asociación civil y por qué se encarga de manejar y operar los recursos que ingresan a la Institución.

Al exponer sus consideraciones, mencionó que uno de los reclamos más constantes y que durante años hicieron los jóvenes veracruzanos, era la falta de oportunidades para seguir estudiando una carrera universitaria. El cupo que ofertaba la Universidad Veracruzana era insuficiente y muchos aspirantes se quedaban sin preparación académica.

Recordó que este problema motivó la apertura de diversas instituciones educativas en el sector privado, inaccesibles para muchas familias veracruzanas.

Como medida para combatir el problema, en el 2011 se expide la Ley número 276 que creó la Universidad Autónoma Popular de Veracruz, desapareciendo el Instituto Veracruzano de Educación Superior y ofreciendo una opción educativa de carácter público que respondía a las necesidades específicas de la sociedad veracruzana.

Sin embargo –refirió el legislador de Morena-, desde su fundación, la UPAV es administrada por un patronato cuyo manejo administrativo es necesario transparentar. 

Como ejemplo, señaló que en las cuentas públicas de la UPAV del ejercicio fiscal 2016, la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura, determinó 17 observaciones, de las cuales, se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores, ex servidores públicos y personal que administra recursos recaudados, que hacen presumir la existencia de daño patrimonial e inconsistencias de carácter administrativo.

Explicó que finalizada la ampliación de la auditoría financiera de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se determinó que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a un monto superior a los 363 millones de pesos.

Indicó que como Presidente de la Comisión es miembro de la Junta de Gobierno de la UPAV y sin embargo, decidió solicitar la información desde la Tribuna del Congreso, para dejar en claro que las cosas se van a hacer bien y que habrá transparencia en el manejo de los recursos de la institución.

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