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viernes, 13 de enero de 2017

Por el sobregiro de los $75 millones, se confrontan las fuerzas políticas en el Congreso del Estado

Irineo Pérez Melo/

Xalapa, Ver.- La confrontación de las fuerzas políticas de la actual administración estatal, se presenta con mayor estridencia al interior de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con el presunto sobregiro de los setenta y cinco millones de pesos que se repartieron entre los integrantes de la anterior Cámara local.



Esta situación ha motivado la realización de una auditoría para saber en qué fueron utilizados esos recursos y sobre todo para tener conocimiento del número de personal de confianza que podría ser liquidado, pero no en aras de implementar medidas de austeridad, por el contrario para incrustar a personas afines al grupo en el poder.

Empleados de confianza que laboran en el Congreso del Estado por muchos años, quienes pidieron se reservaran sus nombres por temor a las represalias, indicaron que el panorama se ha vuelto más álgido por la soberbia del director del Jurídico del Congreso del Estado, Ángel Ramírez Bretón, quien está manipulando la información generada en torno a este asunto.

Y se ha vuelto virulento porque quienes firmaron ese acuerdo, ahora fungen como secretarios de Despacho, como es el caso del Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Alejandro Zairick Morante y Julen Rementería del Puerto, titulares de SIOP, SEDECOP y SEDARPA, respectivamente, así como Francisco Fuentes, secretario de Administración y Finanzas de la actual Legislatura, y María del Carmen Pontón Villa, todos ellos panistas y la perredista Ana María Córdoba, directora del Tebaev.

A decir de los entrevistados, la falta de experiencia del coordinador político del Congreso del Estado, diputado Sergio Hernández ha evidenciado esta situación, y en la cual la exdiputada Ana Cristina Ledezma y el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Mancha Alarcón le están ganando el mandado.


Y la guerra de poderes se agudiza, ante la proximidad de la emisión de la convocatoria para llevar a cabo el proceso de selección de candidatos a las alcaldías veracruzanas, en la cual al parecer, pretender dejar fuera a los diputados en las tomas de decisiones.

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