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miércoles, 14 de diciembre de 2016

Logran organizaciones campesinas que diputados federales retiren de la discusión iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Irineo Pérez Melo/

Gracias a la movilización inmediata de las organizaciones campesinas se logró retirar de la discusión de la Cámara de Diputados la Ley de Desarrollo Rural Sustentable propuesta por un grupo de diputados cenecistas mediante la cual se otorgaba el poder discrecional a una instancia del gobierno de la República de decidir o no la existencia de las organizaciones agrarias.

Lo anterior fue dado a conocer por Luis Gómez Garay, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP), quien dijo que la semana pasada unas trescientas organizaciones campesinas lograron este triunfo al demostrar que dicha iniciativa vulneraba seriamente ciertas garantías constitucionales, como el derecho inalienable de organizarse y el derecho d petición, consagradas en la Constitución.

Durante su intervención en el Foro Estrategias de desarrollo para el campo que durante dos días se desarrolla en esta capital y en la cual participan representantes de treinta organizaciones afiliadas a El Campo es de Todos, explicó que la propuesta planteaba el decidir si una organización puede representar o no a los campesinos mexicanos. 

“Una burocracia ahí que iba a decidir si los campesinos quisieran integrar una sociedad, tenían derecho de poder hacerlo y posteriormente derecho a representarlos”, añadió.

Expresó que los diputados que propusieron esta reforma a la citada ley no pudieron formular un solo argumento jurídicamente válido y basado en las libertades democráticas y de libre asociación que la constitución garantiza que lograran respaldar esa iniciativa.

Sin embargo, dijo que la diputación federal de las organizaciones campesinas que representan, lograron demostrar que diversos artículos de esa iniciativa de ley vulneraban seriamente ciertas garantías constitucionales, por lo que se logró que la iniciativa se retirara de la discusión y se iniciara el proceso de validación jurídica de la misma, y se solicitaran los dictámenes pertinentes de impacto político y la propuesta.

Mencionó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de inmediato contesto y el impacto y el dictamen que le fue solicitado fue en sentido negativo en contra de esa iniciativa de ley, la cual está a punto de ser desechada por su incompatibilidad con diversos artículos de la Constitución Mexicana.



Campo veracruzano abandonado y estancado productivamente

Por otro lado, al referirse al foro, señaló que durante dos días los representantes de las organizaciones agrarias discutirán y analizarán la situación imperante en el campo veracruzano, del cual hay una dramática coincidencia que describen a un sector rural abandonado, estancado productivamente y con una crisis recurrente en todas las ramas productivas que durante décadas habían dado sustento a la economía campesina, a los pueblos, a las comunidades y a los ejidos.

“Es la misma dramática coincidencia que describen el desastre social que ha seguido a la aplicación de una estrategia de desarrollo que ha dejado a la mitad de la población en pobreza y ha dejado con una notable falta de oportunidades a sectores sociales fundamentales del país como los jóvenes, las mujeres y el sector indígena nacionales”.

Señaló que la crisis que vive el campo veracruzano sincroniza la crisis en prácticamente en todas las ramas productivas de manera simultánea, algo que no sucedía desde hace muchos años, por lo menos de los años posteriores a la Revolución Mexicana.
Finalmente, señaló la necesidad de discutir las nuevas rutas o alternativa que se deben tener para el campo, porque nuestro país no puede seguir construyendo su historia como nación bajo la premisa de la exclusión social, de la desigualdad económica, de la riqueza de recursos naturales en el marco de la pobreza de sus ciudadanos, de ahí el reto de construir la nueva estrategia de desarrollo para el campo que supere el grave rezago del desarrollo globalizador que hemos heredado después de treinta años de aplicación inmisericorde de las políticas de mercado abierto.

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