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lunes, 19 de diciembre de 2016

Denuncian agresiones en contra de dirigentes antorchistas de la entidad

Irineo Pérez Melo/

Xalapa, Ver.- La dirigencia estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz denunció las agresiones sufridas por cuatro de sus representantes en diferentes partes del estado en un lapso de sesenta días, por lo que consideran que se trata de intimidarlos políticamente para no seguir luchando por las causas sociales.

Samuel Aguirre Ochoa, presidente del Comité Directivo Estatal de esta organización, dio a conocer que esta situación es considerada por las dirigencias estatal y nacional del Movimiento Antorchista como grave y peligroso, “porque pone en riesgo la integridad física de nuestros compañeros que pueden sufrir un atentado de consecuencias irreparables”.

Dio a conocer que el pasado 10 de octubre, la dirigente antorchista del municipio de Tuxpan, Mónica Guadalupe Ortiz Blanco, fue secuestrada por dos sujetos cuando se bajaba de su auto al llegar a su casa, ubicada en la colonia Vicente Guerrero del citado municipio, quienes se la llevaron con rumbo desconocido. Armándose de valor, forcejeó con los secuestradores y se aventó de la camioneta, acción que le generó graves lesiones en la columna.

Citó también que el pasado 5 de noviembre por la madrugada fue allanada la casa del Julio Felipe Ortiz Martínez, quien es miembro del Comité Estatal del Movimiento Antorchista y director del Colegio de Bachilleres, plantel 62, ubicado en la colonia Vergara Tarimoya de la ciudad de Veracruz. Le revolvieron todas sus cosas, le destruyeron documentación y sustrajeron algunas de sus pertenencias.

De igual manera, el pasado 6 de diciembre allanaron la casa de la Diputada Local Janeth García Cruz, a quien ultrajaron y humillaron brutalmente, para luego tratar de extorsionarla pidiéndole 500 mil pesos en efectivo. Al no lograr la extorsión, se desató una serie de amenazas en su contra, así como de varios integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz.  

Por otro lado, el pasado 16 de diciembre, dos sujetos secuestraron a una menor, que por razones de seguridad omitió su nombre, de un evento cultural que se llevó a cabo en el Auditorio Salvador Díaz Mirón, ubicado en la ciudad de Xalapa. La joven es integrante de un Ballet de danza y baile folclórico, se la llevaron en una camioneta negra, le quitaron su teléfono celular y de él llamaron a su familia para pedirles 100 mil pesos de rescate. Pusieron en la foto de perfil de su whats app a una mujer descuartizada, con el claro propósito de generar pánico y terror entre sus familiares y compañeritos del ballet al que pertenece. Como la familia es humilde no pudo pagar el rescate, y por la intervención del Comité Estatal del Movimiento Antorchista ante el encargado de la Fiscalía General del Estado, los secuestradores al parecer se descuidaron, y la jovencita logró escapar, quien a altas horas de la noche fue rescatada por sus propios padres. Digo al parecer, porque bien pudiera tratarse, que el verdadero propósito no era el rescate, sino infundir pánico entre sus compañeros de escuela y clubes artísticos.

El dirigente antorchista sostuvo que de los cuatro casos se han presentado las denuncias ante las instancias judiciales correspondientes, incluso en dos de ellos se ha hablado de manera personal con el encargado de la fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, quien nos ha atendido y hecho algunas recomendaciones. Sin embargo, los antorchistas estamos esperando resultados, pues hasta el momento no se ha detenido a nadie.

Insistió en que la situación es preocupante, por lo que pidió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; al Secretario de Gobierno, Lic. Rogelio Franco Castán, y al encargado de la Fiscalía, Lic. Jorge Winckler Ortiz, para pedirles su intervención inmediata y se ponga un alto a esta campaña intimidatoria en contra de los antorchistas.

Finalmente, dijo desconocer quién se encuentra detrás de estos hechos, “pero lo que sí podemos asegurar es que se trata de una fuerza peligrosa, ya que usan muchas claves de celulares de diferentes estados y el tono de las amenazas es de gente especializada en este tipo de delitos”.

“Ojalá y esta campaña no esté instrumentada por funcionarios de la actual administración, porque de ser así nos veremos obligados a salir a las calles a exigir justicia, y de no ser así, las autoridades citadas arriba, por ser las de mayor jerarquía en el Estado, están obligadas legalmente a poner un alto a dicha campaña”, concluyó.

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